Este martes 21 de mayo entró en vigencia el Decreto 334/2025, que crea un régimen simplificado de importación para productos fabricados en Tierra del Fuego. Si bien el Gobierno Nacional plantea esta medida como un paso para facilitar la venta directa al continente, en la provincia la realidad es otra.
La industria fueguina atraviesa una crisis profunda. Los trabajadores de varias plantas continúan en paro por tiempo indeterminado, reclamando garantías sobre la continuidad de sus puestos de trabajo. La preocupación no es solo por el presente, sino por lo que viene: una cadena de incertidumbre que afecta a toda la comunidad.
El nuevo régimen permite enviar productos al continente en pequeños volúmenes (hasta 3 unidades por persona por año, con un tope de USD 3.000 por envío), pero no garantiza ni estabilidad laboral ni reactivación industrial real. De hecho, para muchas familias fueguinas, esto se percibe más como un cambio de modelo que deja en el aire miles de empleos.
¿Qué hay detrás de esta medida?
Se exige a las empresas tener venta online habilitada, pero muchas fábricas aún no tienen condiciones para operar de esa forma.
Los productos deben tener origen certificado y pasar por controles de la ARCA.
Solo se permite la venta para uso personal, excluyendo canales comerciales o de distribución.
Mientras tanto, el conflicto en las plantas continúa. Trabajadores, gremios y familias denuncian que no hay un verdadero plan de transición ni diálogo claro sobre el futuro del régimen industrial. Detrás de cada producto que se fabrica en la isla, hay historias, esfuerzos y comunidades enteras sosteniendo una economía regional que hoy está en jaque.
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